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La violencia política en el Cauca cobró la vida de la joven candidata Karina García.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanación.com.co

A menos de un mes de las elecciones regionales del 27 de octubre, los niveles de violencia electoral, siguen disparados.

Según la Misión de Observación Electoral (MOE) 69 candidatos han sido víctimas desde que arrancó la campaña política el 27 de julio.  De ellos, siete fueron asesinados, ocho sufrieron atentados, uno está secuestrado y 40 han sido amenazados. Entre los asesinados, figuran la candidata Karina García del Partido Liberal, ultimaba en Suárez (Cauca) con otros cinco acompañantes.

Por su parte la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) advirtió que 402 municipios están en riesgo por la presencia de actores armados ilegales como las disidencias de las Farc, el Eln, y otras bandas criminales de nueva generación, asociadas al narcotráfico.

Su último informe reporta 173 víctimas en 116 hechos victimizantes, lo que representa un crecimiento del 34,10%.

El tema fue objeto de un debate de control político en el Senado promovido por todos los partidos.

“El contexto en el que se desarrollarán las próximas elecciones locales en Colombia, arrojan señales de un aumento de riesgo y violencia que afectan el derecho a la participación política”, afirmó Alberto Bruori, jefe de la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia.

El Huila, blanco de la violencia en años anteriores, no figura esta vez, entre los protagonistas. Solo reporta cuatro amenazas.

 

Cifras alarmantes

El 80 por ciento de las acciones violentas corresponden a “actores desconocidos” y en el 20 por ciento restante tienen injerencia organizaciones como el ‘Clan del Golfo’, ‘los Caparrapos’, el Eln o algunos disidencias de las Farc, confirmó el subdirector de la fundación, Ariel Ávila.

Sin embargo, las cifras son superiores si se examinan desde que entró en vigencia el calendario electoral.

De los 20 asesinatos selectivos que se han presentado durante los diez meses del calendario electoral, el 35% (7) han ocurrido en los últimos dos meses. Esto evidencia el recrudecimiento significativo de la violencia electoral y una preocupante tendencia a que la situación empeore a medida que se acercan los comicios.

“La violencia electoral continúa ejerciéndose como un mecanismo de competencia política y sobre todo afecta a liderazgos de carácter local”, reseñó el documento.

Los sectores políticos más afectados siguen siendo los de oposición y coalición de gobierno, que son quienes han mostrado el potencial de crecimiento más fuerte en las elecciones de octubre.

La identidad de gran parte de los agentes perpetradores no se ha podido esclarecer. Esto aplica para el 71% de las víctimas. Desde julio esta cifra ha crecido un 25,51%.

En los últimos 11 meses se reportaron 173 víctimas de 116 hechos de violencia electoral. En los dos últimos meses (15 de julio al 9 de septiembre del 2019) ocurrieron 29 nuevos hechos que dejaron 43 nuevas víctimas.

Los casos de violencia política han ocurrido en 24 departamentos, es decir el 75% de todo el territorio nacional. De estos, siete concentran un 62,42 % del total de víctimas: Valle del Cauca (24), La Guajira (20), Antioquia (14), Cauca (14), Tolima (13), Bogotá (12) y Nariño (11) encabezan esta lista.

Asimismo, las amenazas continúan siendo el tipo de hecho más recurrente (128), seguido por los asesinatos selectivos (20) y los atentados (17).

El Huila, uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado, no figura en la lista negra. Solamente, aparece con cuatro amenazas, entre ellas a un candidato a la Alcaldía de Neiva (Dilberto Trujillo), la personera de Pitalito María Eugenia Herrera y otros dos dirigentes políticos.

Los actores armados ejercen el control territorial en muchas regiones.

 

Las víctimas

Los funcionarios públicos de elección popular aparecen como el segmento con mayor cantidad de víctimas registradas (40,35%). Entre estos, los concejales (39), los senadores (9) y los alcaldes (8) quienes encabezan las cifras.

El segundo grupo lo representan los candidatos que en los dos últimos meses ha aumentado significativamente, pasando de 37 a 67 víctimas. De estos, 47 aspiraban o aspiran a alcaldías, 14 a concejos, 4 a gobernaciones y 2 a las asambleas.

Además, 21 funcionarios públicos y 15 miembros de partidos (en su mayoría de oposición y con funciones diversas en los procesos electorales) han sido víctimas de violencia electoral.

Los partidos de oposición registran 52 víctimas que reúnen el 30% de todos los hechos de violencia electoral. En los últimos dos meses se identificaron 11 nuevos casos en contra de este sector y esto representa una variación porcentual de 26,82%.

Los partidos de gobierno registran 36 casos, es decir 21% de los hechos, y una variación porcentual de 44%, equivalente a 11 nuevas víctimas entre el 15 de julio y el 9 de septiembre de 2019.

Los partidos independientes, que registran 32 víctimas, representan el 18% (45,45% de variación porcentual). Otro 31% de los casos, no aparece  la alineación política de las víctimas.

Los cuatro departamentos que registran mayor número de víctimas según su alineación política son: Tolima y Valle del Cauca con cinco casos en contra de miembros de partidos de gobierno; Bogotá con 10 víctimas para el caso de los partidos de oposición y La Guajira, con seis casos en contra de miembros de partidos independientes.

Los perpetradores

El informe no incluye nuevos agentes perpetradores asociados a hechos de violencia electoral. En el 71% de los casos no hay autores identificados.

En el caso de las 74 amenazas registradas (que suman 128 víctimas), se desconocen el 67,56% de los victimarios.  En ninguno de los 20 asesinatos se han identificado a los autores materiales.

Las Águilas Negras, aparecen con el mayor número de victimizaciones registra con el 15% del total acumulado. Predominan las amenazas (27 personas), especialmente candidatos a alcaldías (9), seguido por congresistas (6), miembros de partidos políticos (5) y los diputados (2).

Las intimidaciones han ocurrido en lugares como Bogotá, Mocoa (Putumayo), El Copey (Cesar), Manaure (La Guajira), Pueblo Rico (Risaralda), Buga, Alcalá y Jamundí (Valle del Cauca) y Pasto y Tumaco (Nariño).

También aparecen las Autodefensas Gaitanistas de Colombia el Eln, y otras bandas criminales de nueva generación relacionadas con el narcotráfico.

 

Financiación

“Los altos niveles de incertidumbre electoral llevan a que los candidatos recurran a la violencia y busquen financiación de grupos ilegales para sostener el ritmo económico de una campaña”, explicó el analista Ariel Ávila, subdirector de Pares.

“Cuando se compite en una democracia como la colombiana, se compite con plata, con violencia y con corrupción”, dice él. Y hasta que no resolvamos esta falla de origen, vamos a seguir viendo en las campañas recursos del narcotráfico, violencia política y uso ilegal de recursos públicos”, afirmó.

En el Huila, hay una denuncia por ingresos del narcotráfico pero no hay avances.

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