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Artículo tomado de Revista Semana.

David Cruz, un joven del distrito de Aguablanca, en Cali, soñaba con ser el primer integrante de su familia en tener un título profesional. Tuvo uno de los mejores Icfes del Valle en 2014. Por su puntaje, recibió la beca Ser Pilo Paga que otorgó el gobierno Santos a los estudiantes más destacados de los colegios públicos del país para estudiar en cualquier universidad estatal o privada. Sin embargo, cuatro años después, David no tiene el cartón y, a cambio, carga con una deuda de más de 40 millones de pesos.

Sabía que, en caso de no terminar la carrera, tendría que asumir el costo de los semestres cursados. Pero asegura que no soportó la presión académica y tuvo que desertar. “Perdí materias básicas en tercero y cuarto semestres. Aunque la universidad me ofrecía tutorías y apoyo psicológico, no logré pasar. Además, tenía que trabajar para ayudar a mi mamá. Al final, decidí irme de la universidad para seguir trabajando”, cuenta.

Como David Cruz, 1.962 jóvenes en todo el país no culminaron sus carreras y desertaron del programa, según cifras recientes del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Entre todos le deben al sistema cerca de 23.000 millones de pesos.

Esa cantidad de jóvenes concuerda con los promedios de deserción en todo el sistema. Según cifras del MEN, de los estudiantes que entran a cursar una carrera, el 46 por ciento deserta. “Los ‘pilos’ no están al margen de esto. Si bien pueden tener resuelto el pago de la matrícula, otros factores los afectan: buenas calificaciones en su región, pero en el traslado de ciudad, ya no; pocos recursos para manutención; ausencia de la familia como soporte y baja adaptación a la vida universitaria”, explica Sandra Patricia Barragán, docente asociada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

De ahí que para algunos críticos del programa, el Icetex y Ser Pilo Paga comparten la responsabilidad por lo que ocurre hoy. “Hemos propuesto en diferentes escenarios que condonen esa deuda. Sin embargo, el MEN dice que va a reintegrar a los que desertaron. Nos parece una excelente idea. Sin embargo, a aquellos que no puedan hacerlo, sí deberían condonarles la obligación”, explicó Daniel Torres, vocero de los usuarios del Icetex.

En efecto, el MEN y las instituciones de educación superior tienen listo un plan para aliviar la situación: van a permitir que los jóvenes que se desvincularon del programa, en cualquiera de sus cuatro cohortes, regresen a sus universidades a retomar sus estudios. Además, en este momento las universidades, especialmente las privadas, aplauden esa idea, pues padecen por el bajo número de estudiantes inscritos.

Pero el Gobierno no piensa condonar la deuda de los ‘pilos’. Por ahora, quienes no se reintegren al programa tendrán otras opciones más flexibles en términos de plazo y formas de pago. Lo mismo podría aplicar para aquellos que continúan en el programa pero perdieron algún semestre. Según las reglas, al cabo de cinco años (cuatro en algunos programas) si el estudiante no ha finalizado la carrera, tendrá que asumir los costos adicionales.

Además, hay una tarea estructural: María Victoria Angulo, ministra de Educación, denunció que el programa tiene un déficit de 2 billones de pesos. Nadie sabe de dónde van a salir esos recursos ni qué fuente soportará un programa que va hasta 2023.

Este programa planteó una apuesta de equidad pocas veces vista. Su impacto en familias de escasos recursos sigue siendo positivo. A la fecha, 35.488 estudiantes continúan en el proceso de obtener un título profesional y muchos ya se graduaron. Pero queda la tarea urgente de solucionar la difícil situación en que quedaron quienes no lo lograron.

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