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A la cárcel exempleada del Concejo de La Plata

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Luego de haber sido capturada el pasado 31 de octubre, Eliana Margarita Cepeda Ramírez, exempleada del Concejo de La Plata, fue enviada a la cárcel por los delitos de urbanización ilegal y estafa al supuestamente, vender de manera irregular un proyecto de vivienda.

Los hechos ocurrieron en el año 2014 cuando la hoy procesada trabajaba en el Concejo del municipio huilense y, al parecer en asocio con otra persona de la misma corporación, habría estafado a más de 30 personas con una urbanización ilegal.

Se presume que en asocio con otra persona del Concejo de La Plata (Huila) para el año 2014, donde laboraba como secretaria de uno de los cabildantes, habría promocionado el proyecto del que se vendieron 39 lotes —derivados de uno de mayor extensión—, sin contar con los permisos de la autoridad competente para la subdivisión del mismo ni para enajenar, urbanizar y/o construir en los predios resultantes.

La mujer, quien no aceptó los cargos imputados por el ente acusador, fue detenida por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Huila, en Palmira (Valle del Cauca).

Los investigadores evidenciaron que entre diciembre de 2014 y junio de 2016, Cepeda Ramírez aparentemente obtuvo la suma de $242.720.000, dineros que fueron aportados por 36 de las 39 personas que resultaron estafadas con el proyecto urbanización Villa Karolina.

Un estudio por parte de peritos idóneos determinó que el lote de mayor extensión solo podría subdividirse en 18 predios y no en 39, en la eventualidad de ser aprobadas las licencias de urbanismo, pero ello no era posible por no estar ubicado en suelo urbano -según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT)-.

El ente acusador tiene elementos con vocación de prueba que dan cuenta de la presunta instrumentalización a los dueños de los supuestos 39 lotes para que se agruparan en una asociación de vivienda sin ánimo de lucro, con su respectiva junta directiva e iniciaran los trámites notariales pertinentes y presentaran en las diferentes empresas, los proyectos de servicios públicos y licencias de urbanismo ante la Administración Municipal.

Las víctimas fueron identificadas como personas de escasos recursos, en su mayoría campesinos.

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