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Sentencia judicial reconoce derechos al Río Magdalena

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De izquierda a derecha: Daniel Sanz, Felipe Rojas y Oscar Páez. Jóvenes que lideraron en el Huila la “Declaración del Río Magdalena como sujeto de Derechos”.

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El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Neiva acaba de fallar favorablemente una acción de tutela que reconoce al Río Magdalena, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado, Enel-Emgesa y la comunidad.

La trascendental acción de tutela estuvo formulada por Andrés Felipe Rojas Rodríguez y Daniel Leandro Sanz Perdomo, dos jóvenes profesionales huilenses que contaron con un equipo asesor técnico y jurídico.

La demanda fue instaurada contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, Gobernación del Huila, Aguas del Huila, Corporación Autónoma Regional del alto Magdalena -CAM-, Empresas Públicas de Neiva, Municipios de Neiva, San Agustín, Pitalito Saladoblanco, Oporapa, Altamira, Guadalupe, Hobo, Yaguará, Aipe, Villavieja, Gigante, Garzón, Paicól, Tesalia y Palermo, por la vulneración a los derechos fundamentales a la salud, agua, medio ambiente sano y a la vida digna de las comunidades ubicadas en la zona de influencia del Río Magdalena.

De igual manera fueron vinculadas al trámite constitucional la Procuraduría General de la Nación, Enel-Emgesa y la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena –CORMAGDALENA-

En la tutela que se inició a tramitar el 10 de octubre de 2019, los demandantes con fundamento en sus argumentos expusieron que el río y sus afluentes han venido presentando graves afectaciones ambientales ocasionadas por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo por la consabida contaminación que se generó en el llenado del embalse y la biomasa inmersa, hecho que dio lugar a la contaminación aguas abajo del embalse;  y el vertimiento de aguas servidas originadas en los municipios ribereños.

Y es que en relación con este último punto, la CAM dentro de sus informes presenta que “20 de los 37 municipios cuentan con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR”. Sin embargo los municipios de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata, que son los mayores aportantes de cargas contaminantes en el departamento del Huila, no cuentan con este tipo de sistemas.

 

En favor de las generaciones futuras

El fallo tiene en cuenta las generaciones presentes pero también las futuras.

“No cabe duda que en pleno siglo XXI nos encontramos ante una crisis que afecta al ecosistema de fauna y flora del cual depende directamente el buen estado del Río Magdalena cuyo sistema natural debe perseverarse no solamente a la comunidad actual sino que también en beneficio de las generaciones futuras como sujeto titular del derecho fundamental al medio ambiente y del cual emana otro sujeto de derecho como lo es el Río Magdalena, que como bien lo resaltó en la respuesta el Ministerio de Ambiente, esto no se convierte solo en una garantía de especial protección sino que requiere de políticas e instrumentos frente al cual el Estado a través del Ministerio de Medio Ambiente, la ANLA, Cormagdalena, Gobernación del Departamento del Huila, la Cam, como también la dueña del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, esto es, Enel-Emgesa y finalmente la comunidad, han adquirido una serie de compromisos para la recuperación de los daños que se han causado en el ecosistema producto de la contaminación”, menciona el juez Víctor Alcides Garzón en su decisión.

 

Guardianes del Río Magdalena

El fallo exige al Estado, diseñar y conformar dentro de los tres meses siguientes una comisión de Guardianes del Río Magdalena, integrada  por representantes del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente, Cormagdalena, Gobernación del Huila y la Cam que trabajen por la protección del Río Magdalena. Para que sea una realidad, se exige precisamente la creación de una mesa intersectorial que haga veeduría a todas las acciones que puedan garantizarle el derecho al río de tener un medio ambiente sano.

La sentencia de tutela de primera instancia 071 también exhorta a las entidades antes mencionadas y a las administraciones municipales del departamento del Huila a implementar, desarrollar y ejecutar los estudios y obras pertinentes, como también la puesta en funcionamiento y el mejoramiento de las Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales, con el fin de prevenir la contaminación y así propender por la conservación del medio ambiente, a través de la protección del Río Magdalena.

A este fallo le antecede dos destacables sentencias similares, una proferida el 19 de marzo de 2019 por el Juzgado Único Civil Municipal de La Plata, donde el juez Juan Carlos Clavijo González amparó no solo los derechos a la vida, salud y vivienda digna en conexidad con el de ambiente sano de la comunidad del barrio El Remolino afectada por el deterioro de un pozo séptico, sino también protegió los derechos del río La Plata y el ecosistema, que recibe toda la contaminación de las aguas servidas, al no contar el municipio con una PTAR.

De igual manera en junio del presente año, el Tribunal Superior de Medellín reconoció al Río Cauca, su cuenca y sus afluentes como sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo de EPM y del Estado.

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